AGROPECUARIO. POR CARLOS BROWN.

Martes, 9 de diciembre de 2014  

 

Con el acompañamiento de un conjunto de diputados del arco opositor, presentaremos en los próximos días un pedido de informe al Poder Ejecutivo a través del cual solicitamos información acerca de una medida tomada por el Banco de la Nación Argentina que consideramos absolutamente nociva y discriminatoria para el sector sojero, en un momento en que se ha producido una fuerte caída del precio de la soja y requieren el mayor apoyo por parte del Estado.

El pasado 18 de noviembre dicha entidad, presidida por Juan Ignacio Forlón, comunicó nuevamente a los clientes agropecuarios que solamente podrán acceder a sus financiaciones (límites a sola firma incluyendo tarjetas Agronación, descuento de cheques de pago diferido y descubierto en cuentas corrientes) aquellos productores que demuestren no contar con existencia de granos de soja.

Antecedente de ello fue la resolución N° 4762 del 18 de diciembre de 2013 dictada por el BNA a través de la cual se adecuaban los límites vigentes para la utilización de líneas de crédito para financiar capital de trabajo y gastos de evolución, la que fue prorrogada hasta el 31 de marzo de este año. Esta medida se utilizó en ese momento para que los productores se vieran obligados a vender la soja, en lugar de recurrir al crédito para financiarse.

Consideramos esta actitud grave y preocupante en un contexto de recesión de la economía e inflación, sobre todo cuando proviene de una entidad que debería desempeñarse como la principal financiadora de la actividad productiva nacional y se dirige a uno de los sectores más dinámicos y generadores de divisas para el país.

Además, se suma a la batería de medidas desestabilizadoras para el sector agropecuario que viene tomando el Gobierno, tales como las elevadas retenciones a las exportaciones que no son revisadas, las trabas a las importaciones de insumos y el cepo a la moneda extrajera.

Es evidente que los más perjudicados por esta decisión son una vez más los pequeños y medianos productores, quienes se ven obligados a no acumular stock de granos en silobolsa para negociar de manera más conveniente respecto de las grandes corporaciones cerealeras, además de todos los integrantes de la cadena de producción de soja y sus trabajadores.

Lejos de imponer cada vez más obstáculos, el Estado debe ofrecer mayor apoyo y sostén para todas las actividades agroindustriales por igual de acuerdo a sus necesidades financieras en una coyuntura de por sí complicada. Es por ello que nos vemos llamados a interrogar al Gobierno sobre las razones políticas que lo llevan a encabezar una vez más el desfinanciamiento de esta importante actividad económica.

 Fuente: http://carlosbrown.com.ar/?p=5149